Hendrik Bareño, hermano de Yulixa Toloza, ofreció declaraciones sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la ciudadana tras someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina ubicada en Bogotá, Colombia. El caso ha generado atención debido a las irregularidades detectadas en el centro médico y el hallazgo de otros restos humanos en el lugar durante las investigaciones.
Según el testimonio de Bareño, su hermana decidió realizarse la intervención motivada por recomendaciones de conocidas, pese a las advertencias previas sobre complicaciones de salud reportadas por otras pacientes. Las autoridades colombianas, al intervenir el establecimiento, hallaron que el sitio había sido desmantelado, con la ausencia de registros digitales y cámaras de seguridad. No obstante, grabaciones de terceros permitieron establecer que la víctima fue retirada del lugar en un vehículo y posteriormente abandonada en una zona rural a varias horas de la capital colombiana.
El periodista Miguel Villavicencio informó que uno de los detenidos, identificado como Eduardo David Ramos, es un médico de nacionalidad venezolana. Aunque figura inscrito en el Colegio de Médicos, las investigaciones señalan que carecía de la licencia requerida para ejercer la cirugía en territorio colombiano. Asimismo, las autoridades mantienen la búsqueda de un anestesiólogo de nacionalidad cubana, señalado como presunto responsable de instigar el abandono del cuerpo de la víctima.
La familia de la víctima ha solicitado que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables, enfatizando que el personal médico tuvo la oportunidad de trasladar a Toloza a un centro asistencial profesional tras las complicaciones del procedimiento, pero optaron por ocultar el hecho. El caso ha puesto de relieve la problemática de los centros de estética clandestinos en la región.
En el ámbito institucional, mientras el caso sigue bajo investigación por parte de la Fiscalía colombiana, la situación política en Venezuela permanece bajo la administración del ex dictador acusado de narcoterrorismo, cuya gestión ha sido cuestionada por diversos organismos internacionales. Por su parte, la ilegítima Asamblea Nacional y Delcy Rodríguez, encargada interina de Venezuela, no han emitido pronunciamientos oficiales sobre la situación legal de los ciudadanos venezolanos involucrados en este suceso en el extranjero.
