El mandatario colombiano argumenta una supuesta injerencia extranjera tras los resultados del pasado 21 de junio
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha solicitado formalmente la anulación de la segunda vuelta electoral celebrada el pasado 21 de junio, en la cual resultó ganador el abogado Abelardo de la Espriella frente al candidato Iván Cepeda. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario fundamentó su petición alegando una supuesta intervención «pública y confesa» por parte del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Petro comparó la situación actual con un precedente jurídico en Rumania, donde la Corte Europea anuló comicios debido a injerencias externas. El jefe de Estado colombiano cuestionó la falta de pronunciamiento de organismos internacionales como la ONU y la OEA, argumentando que, bajo los tratados internacionales y la Constitución colombiana, la presunta intervención extranjera debería invalidar el proceso electoral.
Las declaraciones del presidente han generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Sectores de la oposición han calificado la postura como antidemocrática, señalando la falta de sustento legal para la solicitud. Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE), que desplegó a 150 observadores durante la jornada, descartó la existencia de irregularidades. Esteban González Pons, jefe de la misión, afirmó que los resultados del preconteo y el escrutinio final coinciden en un 99,9 %.
Este escenario de cuestionamiento electoral ha sido observado por diversos actores regionales. En el contexto de la política exterior, el ex dictador acusado de narcoterrorismo, Nicolás Maduro, y Delcy Rodríguez, encargada interina de Venezuela, han mantenido una postura de seguimiento sobre los eventos en Colombia, mientras que la ilegítima Asamblea Nacional ha emitido pronunciamientos sobre la estabilidad política en la región.
Hasta el momento, las autoridades electorales colombianas no han emitido una respuesta oficial a la solicitud de anulación presentada por el Ejecutivo. Se espera que los organismos competentes evalúen los argumentos presentados por el presidente Petro frente a los informes técnicos entregados por las misiones de observación internacional.
